El Parlamento y la Lucha Contra la Corrupcion

Señor Presidente de la VIII Conferencia Anticorrupción, señores organizadores de este encuentro, autoridades, parlarmentarios, invitados especiales; señoras y señores: no quiero iniciar esta intervención sin expresar nu satisfacción por las contribuciones que se están haciendo en esta conferencia. Instancias como esta nos ayudan a tomar conciencia de la magnitud del problema, nos enseñan a mirarlo desde distintas ópticas, nos descubren diferentes facetas que hacen más efectiva la lucha en cada uno de nuestros países, facilltan la coordinación de los esfuerzos y nos abren nuevas perspectivas.

Suele sostenerse que la corrupción es algo inherente a todas las sociedades y épocas. Con ciertas precisiones, la afirmación es indiscutible, pero cuando, independientemente de intenciones, se la utiliza para atenuar el impacto que sobre la opinión pública tienen las denuncias de actos ilícitos, no deja de ser una peligrosa simplificación del fenómeno.

Empecemos diciendo que no todas las sociedades facilitan en el mismo grado dichos actos. No todas están indefensas frente a ellos. Tampoco todas las formas de corrupción tienen la misma gravedad ni ocasionan los mismos daños a la sociedad, aunque todas deban ser repudiadas y combatidas.

La oleada de hechos de corrupción registrados en los últunos años en nuestro continente, que incluso han detenninado la destitución de jefes de gobierno y provocado estados de verdadera conmoción pública, no obedecen únicamente a la magnitud de esos hechos sino, en no despreciable medida, a que los mismos han alcanzado estado público, han podido difundirse en los medios, han sido debatidos en los parlamentos y han pasado a la órbita de la justicia civil.

Las condiciones de la democracia, más allá de las insuficiencias, materias pendientes y trabas que ella aún tenga en muchos de nuestros países, han posibilltado que el tema empiece a ser asumido como uno de los más grandes desafios. La democracia y el combate a la corrupción van de la mano. La profundización de la democracia hace más efectiva la lucha contra la corrupción, y las victorias que se obtengan en este terreno contribuirán a ahondar y afirmar la democracia.

Estamos ante un problema de larga data en América Latina, que esttivo oculto bajo las redes de impunidad, terror y mentira tejidas por las viejas tiranias "bananeras" o por las dictaduras de las décadas de los años 70 y 80, o que fue prohijado por las diversas modalidades de clientelismo político practicadas o toleradas desde determinados sistemas de partidos (con frecuencia bajo las formas de uni o bipartidismo que actualmente están en crisis en varios países de nuestro continente).

Hoy ei tema de la corrupción posee nuevas resonancias, trasciende el rumor para instalarse en los ámbitos en que puede ser juzgado. Esto no quiere decir que la importancia y la magnitud de los actos de corrupción sean menores o menos peligrosos. Al contrario, ahora sabemos más sobre la corrupción, por lo que nuestras responsabilidades, como ciudadanos y como gobernantes, son mayores. Baste pensar en el inmenso daño económico y moral que para un Estado supone la implicancia de funcionarios públicos, incluyendo gobernantes, en el narcotráfico, uno de los mayores flagelos de la actualidad.

Hay, además, una suerte de globalización del tema de la corrupcion, consecuencia de la nueva situación mundial y de la dimensión internacional que tiene la corrupcion, como lo pone de manifiesto la muy ampfia composición de esta conferencia y la participación en ella de especialistas de todo el mundo. Existen áreas muy sensibles, como el sector de compras públicas internacionales, la venta de empresas estatales a multinacionales o la gestión de organismos financieros en perjuicio de los dineros públicos.

La interrelación mundial de la producción, el comercio y las finanzas ha determinado cadenas de responsabilidades muy grandes. Con frecuencia, si hay fimcionarios y gobernantes de los países del Sur sobornables es porque desde el Norte se les soboma. La corrupción también forma parte de la globalización, y global debe ser la lucha contra ella. Con esto no estoy más que reafirmando la importancia de reuniones como esta "VIII Conferencia Anticorrupción" y la coordinación de esfuerzos a escala continental y mundial para hacer frente a este grave problema.

Experimentamos un sentimiento contradictorio: de optimismo por los avances hacia una nueva conciencia colectiva para enfrentar la corrupción, y de asombro y pesadumbre ante la magnitud con la que ella se sigue manifestando.

Claro está que ei problema no es el mismo para un pais donde la sociedad democrática preserva sus reservas para afrontar esta batalla, que para una nación donde la corrupción alcance un carácter sistemático y se instale en los niveles superiores de gobierno.

Hemos afirmado que la efectividad en el combate a la corrupción y la profundización de la democracia van de la mano. Pero además de las libertades políticas, las garantías del ciudadano, el funcionamiento democrático del sistema político, la independencia efectiva de los tres poderes del Estado y la libertad de prensa, es necesario reivindicar ei conjunto de valores que hacen a una efectiva elevación de la condición humana como garantia de que nuestros pueblos puedan superar este flagelo, que nos agrede en lo material y en lo moral.

La lucha anticorrupción se abre paso en aquellas sociedades en las cuales, además de la reafirmación democrática, se avanza hacia la justicia social, la libertad, la solidaridad, la defensa del trabajo creador y de la producción, la afirmación de los derechos humnanos concebidos como un complejo integral e indivisible, del respeto a la vida y a la dignidad de las personas, grandes valores que están hoy lesionados. No podemos olvidarlo al hablar de corrupción. La aplicación de políticas económicas y sociales que ahondan la brecha entre ricos y pobres, haciendo cada vez más desigual el punto de partida de los ciudadanos, que niegan derechos básicos o colocan a las grandes mayorias en la incertidumbre sobre su futuro, en un cuadro mundial de crisis cuyas causas no es este el momento de analizar, generan condiciones en las que la corrupción puede desenvolverse con más facilidad. Debilita las defensas éticas y morales de la sociedad toda situación que apareje la degradación del ser hurnano, el egoismo, el individualismo, la desconfianza en la propla razón y en el progreso cientifico y técnico -cuyos frutos aparecen muy lejos de amplios sectores sociales-, la inseguridad, la falta de perspectivas, la crisis de viejos modelos de sociedad que ya no constituyen estímulos para el trabajo, la producción, la superación individual y colectiva.

¿Cómo no reconocer en esta crisis de valores un terreno fértil para las prácticas corruptas? ¿Cómo creer que la corrupción no es estimulada cuando la solidaridad social es avasallada por el individualismo exacerbado, por la indiferencia ante la suerte del prójimo, por el consumismo (y la frustración que suele acompañarlo), por la ausencia de metas, por el sentimiento de frustración y de fracaso mezclados con el resentimiento? ¿Cómo nos aseguramos contra la corrupción con funcionarios de la administración pública, de la justicia o de la policía que no son estimulados en sus carreras y que ganan sueldos con los cuales, todo el mundo sabe, no pueden vivir?

Pero estamos lejos de creer que esta situación es irreversible. Somos optimistas, racionalmente optimistas. Todos podemos ver las reservas de nuestras sociedades, la capacidad de los pueblos para derrotar dictaduras, para imponer condiciones que obligaron a la destitución de presidentes, al procesamiento y encarcelamiento de ministros y jerarcas de instituciones públicas o de grupos económicos con poder. Ser conscientes de que falta mucho, de que recién estamos iniciando un camino, no significa desconocer sus potencialidades, sus posibilidades.

Creemos firmemente que, aunque ciertas formas periféricas y "manejables" de corrupción sigan siendo muy difíciles de combatir, la cultura de la corrupción - el amoldamiento del ciudadano a ella-puede ser derrotada. Será un proceso largo, complejo, que requerirá medidas concretas -como muchas de las que aquí se han planteado-, pero que sólo avanzará efectivamente si es parte de un proceso económico, social y político que apunte a la justicia social, el desarrollo sostenible, la creciente participación ciudadana y la democracia que con tanto esfuerzo han venido conquistando y reconquistando los pueblos latinoamericanos. La corrupción sólo será derrotada en una sociedad que nos eduque en los más altos valores. Que nos eduque en torno a la idea de que el progreso material, cada vez más imprescindible para nuestros países y pueblos, no se contrapone sino que se complementa y requiere de los valores éticos y morales de la solidaridad y de la justicia.

Pero la lucha contra la corrupción exige criterios, procedimientos y medidas específicas a aplicar desde ya. Que creamos en una sociedad que pueda cambiar para destruir las principales bases económicas, sociales y políticas de la corrupción, no significa que propongamos para hoy cruzarnos de brazos o limitarnos a la mera denuncia. Al contrario, somos por principio contrarios a cualquier contraposición entre los fines y los medios. La gran lucha contra la cultura de la corrupción, contra las condiciones que la facilitan, está formada por mil batallas, sistemáticas, dadas en diferentes planos.

Me interesa subrayar que ei Parlamento no cumpliría cabalmente con sus fines sin ejercer implacablemente sus funciones de control y autocontrol. Vivimos una época en que la corrupción se ha transformado en un fenómeno que, si bien no es nuevo, ha tomado magnitudes que conmocionan a muchas sociedades. Estas son, afortunadamente, especialmente sensibles ante estas situaciones. El Parlamento no sólo tiene el derecho sino también la obligación de ejercer hasta sus últimas consecuencias su función de control. Ante casos de corrupción o irregularidades, cometidos dentro o fuera del ámbito legislativo, el Parlamento no puede limitar su derecho y su deber a la investigación.

En algunos casos ha pasado los temas a la Justicia autolimitándose en sus facultades investigativas y transfiriendo al menos parte de su responsabilidad. Este hecho, que se ha generalizado, constituye lo que se ha dado en Ilamar la «judicialización» de los procesos investigativos de la corrupción. No podemos aceptarla. La fúnción de control ha sido y debe seguir siendo una de las fundamentales a cumplir por ei Poder Legislativo.

El canal político de la investigación y la denuncia parlamentaria es diferente al canal judicial. Ambos son necesarios en tanto pueden complementarse abordando distintos aspectos del problema. Pero yo señalaría también un tercer canal en los casos en que los implicados en denuncias son actores políticos: ei que debe procesarse mediante tribunales de conducta en el seno de sus partidos, donde se consideren aspectos de orden ético no necesariamente relevantes para un fallo judicial o una decisión legislativa.

Los partidos políticos tienen una altísima responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Por ello su fortalecimiento también es una condición para triunfar en esta batalla y, sobre todo, para librarla desde el Parlamento. También para enfrentar a la corrupción necesitamos partidos sólidamente constituidos (o sea, vinculados a la ciudadania, con claras normas de funcionamiento interno y financiamiento transparente, con elecciones democráticas de sus autoridades, con condiciones para la participación y el debate del conjunto de sus adherentes, con claras definiciones programáticas y normas de conducta, y una adecuada disciplina que garantice la coherencia de la organización en su accionar permanente).

Pero, al tiempo que los partidos deben asumir esta responsabilidad hacia su interior, tienen que evitar la partidización en la lucha contra la corrupción, que está por encima de los intereses partidarios estrechos: es un problema de la nación. Buscar dividendos politico-electorales o protagonismos personales en la lucha contra la corrupción no facillta las cosas. El manejo irresponsable de hechos y nombres, o cualquier desprolijidad que pueda cometerse durante los procesos de investigación en el Parlamento, no redundan en favor de lo que, por encima de todo, buscamos: determinar las responsabilidades y juzgar a los que cometen actos de corrupcion.

Hay que evitar la generación de expectativas en la población que luego terminan en desánimo público y frustración social. La democracia no se fortalece y, por el contrario, puede Ilegar a peligrar, con una sociedad escéptica y frustrada ante el fenómeno de la corrupción. Sí debemos aprovechar las reservas éticas y morales que hay en nuestros pueblos para que la lucha anticorrupción avance realmente. La participación popular ha sido determinante para que varios e irnportantes procesos en nuestro continente no se diluyeran.

Todos estos planos de la investigación y el combate a la corrupción han de contribuir a la salud moral y ética de la sociedad. Son elementos coadyuvantes al fortalecimiento de la democracia. Un Parlamento que rehuya responsabilidades en esta materia o que no sea capaz de procesarlas prolija y adecuadamente en su propio ámbito no estará aportando a la sociedad democrática. Estará, en cambio, contribuyendo a su propio desprestigio.

En momentos en que la relación Parlamento-ciudadanía es tan compleja, tan crítica, resulta de singular trascendencia que los parlamentanos tomemos conciencia de que la lucha anticorrupción es uno de los escenarios fundamentales donde se ganará o se perderá la batalla por el fortalecimiento del Parlamento como institución en la que está representada la soberanía ciudadana. Hay un problema de principios: derrotar a la corrupción. Pero hay otro problema de principios: que en la lucha anticorrupción se fortalezcan las instituciones democráticas y, en particular, el Parlamento por todo lo que representa como poder del Estado con facultades de control y autocontrol ampliamente reconocidas en las constituciones.

Estamos convencidos de que, pese a la complejidad de la batalla, pese al inmenso poder económico que con frecuencia está implicado en los actos de corrupción, hay en nuestras sociedades profundas reservas éticas, morales, democráticas que nos hacen ser optimistas. Debe haber también en nuestros parlamentos la voluntad política, el coraje cívico y el honor necesarios para dar esta batalla, que en gran medida ha de librarse en el ámbito legislativo pero en estrecho contacto con la sociedad civil.

Muchas gracias.