Quisiera comenzar por agradecer al Comité Organizador y a Transparencia lnternacional por la amable invitación que me han cursado para participar en esta Octava Conferencia lnternacional Anticorrupción.Quisiera también agradecer al presidente constitucional Ingeniero Alberto Fujimori por auspiciar este singular evento al cual los pueblos de las Américas y la Organización de los Estados Americanos les dan la mayor trascendencia.

Por su hospitalidad y la calidad de sus gentes, el Perú y su capital, la ciudad de Lima, nos han acostumbrado gratamente a ser la sede de importantes eventos internacionales Aquí se reunieron el año pasado los países de las Américas para definir una estrategia común para combatir uno de los grandes flagelos de la humanidad: el terrorismo. Aquí también, hace apenas tres meses, tuvo lugar la Asamblea General de nuestra Organización para tomar decisiones colectivas fundamentales para el futuro de este hemisferio.

Por eso, no me parece casual que esta reunión, en la cual representantes de todas las regiones del orbe se reúnen para coordinar acciones contra la corrupción, se realice bajo el liderazgo conjunto del gobierno y el sector privado del Perú y de la organización Transparencia Internacional, que ha cumplido una labor pionera y excepcional para aglutinar a todos los ciudadanos del mundo que quieren luchar contra uno de los grandes males de nuestro tiempo.

Los organizadores han definido como objetivo de esta conferencia el de intercambiar experiencias y unir esfuerzos para combatir la corrupción a nivel mundial y han adoptado como tema central el relacionado con "el Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción". Quisiera destacar que la orientación de esta reunión me parece particularmente acertada. Algunos analistas, voluntaria o involuntariamente, han pretendido establecer una suerte de dicotomía irreconciliable entre las instituciones públicas y la sociedad civil, para decir o concluir que todo lo que se puede hacer en - este campo debe realizarse a nivel de la sociedad civil, pues parten del supuesto de que la corrupción es algo inherente a los funcionarios y las instituciones públicas.

A mi juicio, esa es una falsa dicotomía. La corrupción no podría ser derrotada sin las instituciones o en contra de ellas pero, de igual forma, ninguna acción o programa en este frente será exitosa o permanente sin la sociedad civil o en contra de ella. La acción conjunta en ambos frentes es absolutamente necesaria.

En este como en muchos frentes lo que en realidad se requiere es que todos actuemos. No son suficientes las acciones individuales o aisladas. Aquí es donde surge el imperativo de la acción colectiva. Por tratarse de un enemigo común cada vez más organizado, se precisa que todos los que de una u otra manera somos víctimas de este fenómeno, también nos organicemos para hacerle frente.

Sin desconocer los esfuerzos que se han dado y se están dando en otras latitudes, quisiera destacar que el hemisferio americano es tal vez la región del mundo donde se están tomando decisiones de manera más rápida y con alcances más amplios y profundos para afrontar colectivamente el problema de la corrupción. La última de ellas es la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en 1996 en el seno de los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar los avances que hemos dado durante los últimos años en las Américas y para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la forma como concebimos la lucha contra la corrupción hacia el futuro.

En el escenario interamericano el problema adquirió una connotación colectiva en la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994 en Miami, Allí, por primera vez los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron de manera enfática que la corrupción es un problema que debe ser objeto de un tratamiento multilateral y se comprometieron a negociar, en el marco de la OEA, un acuerdo hemisférico para la cooperación internacional en la lucha contra este mal.

Apenas un poco más de un año después de esa cita histórica, los países miembros de la OEA adoptaron en Caracas, la Convención interamericana contra la corrupción. Por su naturaleza, contenido y alcances, la Convención es el primer instrumento internacional mediante el cual un grupo de países, los de las Américas, asumen compromisos vinculantes no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista jurídico, para enfrentar la corrupción.

La Convención es el tratado más importante a nivel interamericano para la extradicción de personas, la cooperación judicial, el intercambio de pruebas y la adopción de medidas sobre bienes, en relación con delitos de corrupción.

En lo que se refiere a la investigación o suministro de información por parte de entidades bancarias o financieras, la Convención representa un gran avance dentro del propósito de evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir a los corruptos.

En relación con el tema del derecho de asilo, la Convención logra un adecuado compromiso entre los valores protegidos con el asilo y los que son propios del combate contra la corrupción.

En cuanto al combate al soborno transnacional, la Convención' constituye un hito histórico pues la regulación y el compromiso de sancionar este fenómeno. Se establece en un instrumento con efectos vinculantes tanto políticos como jurídicos.

Este hecho marca, sin lugar a dudas, un gran contraste con los tímidos pasos dados hasta entonces por algunos países industrializados a través de simples recomendaciones que no les generaban ninguna responsabilidad jurídica y que, en la práctica, como se ha visto, han producido resultados muy limitados o con frecuencia nulos.

Por eso, conviene celebrar que, primero, en el marco del Consejo de Europa y, recientemente, en el de la OCDE, se hayan comenzado a considerar iniciativas tendientes a adoptar convenciones internacionales para combatir actos de corrupción.

Los avances dados con la Convención Interamericana contra la corrupción y los que se están dando en otras regiones del mundo a través de la negociación de instrumentos jurídicos en esta materia son fundamentales. Sin embargo, ellos apenas deben ser considerados como los primeros pasos, en la batalla contra este mal. De hecho, los países americanos, en el marco de la última Asamblea General, adaptaron un programa de cooperación para continuar los esfuerzos iniciados con la Convención. De igual forma, en el marco de otras organizaciones, se están dando importantes desarrollos.

Teniendo en cuenta los, progresos alcanzados a nivel internacional, quisiera precisar ante ustedes la forma como concibo la lucha contra la corrupción y presentar luego algunas reflexiones sobre el tipo de medidas que pienso debieran emprenderse o continuarse en relación con las diferentes áreas o actores.

La corrupción, en primer lugar, debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. No basta con poner en la cárcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción, pues muy pronto otros vendrán a reemplazarlos. Por eso, la lucha contra este flagelo requiere acciones tanto en el frente represivo o sancionatorio como en el campo de la modernización institucional, tanto en el orden nacional como en el internacional.

En segundo lugar, el combate contra la corrupción debe concebirse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales. Así como no se puede precisar un solo instante o acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible concebir que ella se va a suprimir en un solo instante, con un solo acto o decisión. Por el contrario, se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles y con diferentes orientaciones.

En tercer lugar, la lucha contra la corrupción debe entenderse como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los Estados, el sector privado, la sociedad civil en sentido amplio y la comunidad internacional. Cada uno a su nivel y con diferentes orientaciones y alcances, pero todos respondiendo al mismo propósito y estrategia de acabar con la corrupción.

Por eso, para conseguir este fin se requiere actuar en las diferentes Areas temáticas de las cuales se ocuparan Ustedes durante este encuentro. Permítanme al respecto, compartir algunas ideas con ustedes.

Un Estado moderno es la mejor barrera contra la corrupción. Me refiero a un Estado con un ejecutivo gobernante y una administración pública eficaz, eficiente y transparente; un órgano legislativo deliberativo y fortalecido en sus capacidades de control político; y una justicia capaz de investigar oportuna y eficazmente los delitos y castigar ejemplarmente a los delincuentes. En este sentido, la separación y el adecuado equilibrio entre los poderes públicos, la existencia de pesos y contrapesos, es esencial para acabar con la corrupción. Por eso, desde el punto de vista institucional, se requiere emprender acciones en relación con cada una de las ramas del poder público.

Desde el punto de vista de la acción que- debe desarrollar o promover el Ejecutivo, se requiere precisar el papel del Estado. En la medida en que la línea divisoria entre lo público y lo privado sea mis nítida, los particulares y los agentes estatales podrían y deberán diferenciar más fácilmente el interés público del particular y obrar consecuentemente.

Unida a ello está. la necesidad de que exista una ética colectiva, entendida como un conjunto de normas aceptadas por la sociedad que den a todos claridad y certeza sobre sus derechos y deberes. La acción del Estado a través de programas educativos y la promoción de una cultura democrática, es esencial para conseguir este propósito.

La promoción de la competencia, la supresión de monopolios siempre que ello sea posible y la introducción de sistemas de control para evitar los abusos por parte de ellos, es fundamental. En este sentido, la privatización puede ser un instrumentos de utilidad pero siempre deben tomarse las previsiones necesarias para no terminar reemplazando un monopolio público por uno privado.

De igual forma, es indispensable garantizar la transparencia de la administración pública a través de instrumentos como el reconocimiento efectivo de los derechos a la información y de petición, así como de la motivación y publicidad de los actos y decisiones públicas. Junto a estas reformas, - se, precisa introducir el concepto de "accountability" en la gestión pública. También se deben suprimir regulaciones y trámites innecesarios pues ellos constituyen el caldo de cultivo mis favorable para el soborno y otras modalidades criminales.

En numerosos países, los funcionarios son nombrados o removidos sólo por presiones políticas. La lucha contra la corrupción necesariamente pasa por la modernización de la función pública, incluida la existencia de un sistema adecuado de selección de los empleados públicos basado en el principio del "mérito", el reconocimiento de salarios competitivos y estímulos a la productividad.

Con la misma orientación es importante contar con regímenes disciplinarios que incluyan normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades, así como procedimientos expeditos para la sanción de las conductas ilícitas por parte de los servidores públicos.

La actividad contractual del Estado constituye el principal instrumentos para la inversión pública, el desarrollo económico y social y la eficiente prestación de los servicios públicos. Desafortunadamente, en ella se ha evidenciado de manera significativa la corrupción. Por esto es fundamental rodear de mayor transparencia a los procesos contractuales.

En el Estado moderno, además de la función legislativa, la atribución más importante que tienen los Parlamentos es la de control político. El ejercicio adecuado de estas responsabilidades, constituye un mecanismo esencial para frenar la corrupción. Para ello, dentro de un adecuado equilibrio de poderes, se requiere dotar a los Congresos de los instrumentos que les permitan citar a funcionarios y particulares, solicitar informes, realizar debates, emprender investigaciones y, dentro del respeto a los derechos y garantías fundamentales, tomar o promover las medidas que el ordenamiento constitucional les permita.

Por supuesto, para esto también es esencial que el Parlamento sea legitimo, que cuente con rigurosos sistemas de control sobre la ética de sus miembros, que respete los principios y garantías de la esencia de una democracia y que, en fin, no desvirtúe los instrumentos de control y los convierta en simples herramientas de persecución política.

Un tema estrechamente ligado con los sistemas de control político, es el que tiene que ver con los partidos políticos. Sin unos partidos políticos modernos, legítimos y transparentes no puede haber democracia. Experiencias recientes, en diferentes países del mundo, muestran claramente que su mal funcionamiento no sólo hace propicia sino, en muchos casos, constituye la causa misma de la corrupción. Por eso es fundamental que los partidos. están sometidos a un régimen que asegure no sólo su adecuado funcionamiento, sino también un severo escrutinio sobre sus finanzas y sobre las de las campañas electorales.

Un sistema judicial y unos sistemas de control eficaces y eficientes son esenciales para acabar con la corrupción. La impunidad es el mayor enemigo de la democracia. Por eso es indispensable que se castigue de manera efectiva, severa y ejemplar a los corruptos, sin consideraciones ni miramientos de ninguna índole. En este campo, son muchas también las decisiones que se pueden y se deben promover y adoptar.

Entre ellas conviene mencionar la necesidad de contar con un régimen penal que tipifique todos los delitos en materia de corrupción y prevea medidas cautelares sobre bienes mal adquiridos, así como unas etapas procesales que faciliten el esclarecimiento rápido de los hechos y el castigo de los delincuentes.

No menos importantes son los mecanismos de control en relación con las entidades bancarias y financieras que pueden ser utilizadas como instrumentos para ocultar o aprovechar activos provenientes de actos corruptos. s necesario imponer a dichas entidades deberes especiales y un marco preciso de responsabilidades. Las instituciones financieras tienen que saber que deben ser más leales con la comunidad que con el cliente.

De igual forma, es indispensable la existencia de eficientes sistemas de investigación de los delitos, que aseguren la sanción' de los delincuentes. En este sentido, las fiscalías o las instituciones que hagan sus veces deben estar caracterizadas por tres condiciones básicas: legitimidad, independencia y eficacia. Estos principios también son válidos para otras organismos de control como las procuradurías, contralorías o tribunales de cuentas.

El sector privado es parte del problema y también tiene que ser parte de la solución. Su colaboración no solo en la denuncia de los actos y funcionarios corruptos, sino también en la necesaria lealtad frente al Estado y a la competencia, es absolutamente indispensable en la lucha contra la corrupción.

También es fundamental la participación más amplia de la llamada sociedad civil. Sin el pueblo, sin la gente, ningún programa contra la corrupción puede ser exitoso. Es necesario dotar a los ciudadanos de instrumentos efectivos de control sobre la gestión pública como el derecho de petición, las audiencias públicas y las acciones populares. Así mismo se debe fortalecer la presencia activa de la comunidad organizada.

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este campo. Además de su deber de cumplir una función pedagógica frente a la comunidad, el ejercicio de un periodismo responsable de investigación y denuncia es esencial en la lucha contra la corrupción.

A nivel internacional, la lucha contra la corrupción no puede reducirse a[ simple combate al soborno transnacional. Esta que es una preocupación gravísima y legitima de un numeroso grupo de empresarios y países y que tenga efectos negativos sobre toda la humanidad, es apenas uno de los aspectos del problema. Pero la simple prohibición del soborno transnacional a través de tratados internacionales, al no atacar en su integridad este fenómeno, sólo tendría efectos muy limitados.

Para efectivamente extirparlo es necesario avanzar mucho más en temas de cooperación y asistencia judicial, cooperación técnica, coordinación de políticas entre los Estados, las instituciones representativas de la sociedad civil y los organismos internacionales.

Este hecho, entre otros, me lleva a compartir con Ustedes algunas reflexiones finales.

Las políticos y reformas emprendidas por nuestros países, los programas y acciones desarrollados por los organismos internacionales, la participación cada vez mis activa y organizada de la sociedad civil muestran claramente que hay mayor consciencia de la amenaza que representa la corrupción y, lo que es muy importante, que también hay voluntad política para hacerle frente.

Por eso, la primera reflexión que quisiera expresar es que los pasos que hasta ahora hemos dado en las diferentes regiones del mundo, deberían Ilevarnos a avanzar en la conceptualización, discusión y adopción de una estrategia global e integral para aunar esfuerzos y coordinar acciones a nivel internacional en la lucha contra la corrupción.

La segunda reflexión tiene que ver con la necesidad de defender la democracia como sistema político. Afortunadamente, durante los últimos años, la democracia ha ido conquistando nuevos terrenos. En esta región del mundo, por ejemplo, después de la noche oscura de las dictaduras, la democracia llego a nuestros países. Algo similar está ocurriendo, después de la caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría, en numerosos países como los de Europa del Este y de la antigua Unión soviética.

Sin embargo, sin entrar a considerar las diferencias de grado de desarrollo de la democracia en los diferentes países, la historia ha demostrado que ésta no se puede considerar como una conquista adquirida sino como un proceso permanente de búsqueda y perfeccionamiento. Ahora estamos, para parafrasear a uno de los grandes científicos políticos de nuestro tiempo, en la cresta de una de las olas democráticas, pero esto no quiere decir que podamos permanecer pasivos asumiendo esta como una condición adquirida.

Los hechos también demuestran que las libertades económicas están cada día más entrelazadas con las libertades políticos y que no será posible.- consolidar las reformas económicas, asegurar las reformas estructurales y garantizar el crecimiento y el desarrollo económico y social, si las democracias tambalean carcomidas por la corrupción.

Quienes estamos convencidos de las bondades de este sistema político, tenemos que promover que la democracia conquiste. nuevos espacios y que en aquellos países a los que ha llegado, se perfeccione y se quede para siempre. Es necesario sumar más democracia a la democracia ya existente. Es necesario, si me permiten la expresión, mejorar la calidad de nuestras democracias y defenderla de amenazas tan graves como la corrupción y otras modalidades de la criminalidad organizada.

Los avances que hemos dado durante los últimos años, también nos confirman que es a través de la acción colectiva, de la cooperación y la definición de unas reglas comunes, en un piano de igualdad, con respeto de la soberanía y la no injerencia en sus asuntos internos, como podemos hacerle frente a enemigos o amenazas comunes. Esta es la tercera reflexión que quisiera destacar ante Ustedes.

Tenemos que evitar y ponerle coto a las tentaciones unilaterales o a las soluciones simplistas o extremas para hacerle frente a problemas comunes. Estas no nos conducirán ningún puerto. Por eso, justamente, entre todos tenemos que fortalecer el multilateralismo como el escenario natural para resolver los problemas comunes que trascienden las fronteras nacionales.

El multilateralismo, , surge ahora como el principal garante del equilibrio en las relaciones internacionales contemporáneas y el espacio propicio para la acción colectiva en temas tan importantes como la lucha contra la corrupción. Nuestro deber es fortalecerlo para asegurar que efectivamente pueda cumplir ese papel.

En pasadas oportunidades he dicho que la corrupción no es un camino sin regreso. Esta reunión de Lima sólo me permite confirmar esa convicción. La corrupción se puede derrotar y estoy seguro que los resultados de esta Conferencia serán fundamentales para que entre todos podamos eliminar este terrible cáncer de la humanidad.

Muchas gracias.